RedaccionEl informe analiza cómo evolucionó la productividad del sector en relación con las políticas públicas aplicadas durante las últimas seis décadas y concluye que Argentina es hoy el único país de América Latina con un apoyo neto negativo al agro.
De acuerdo con datos de FAOSTAT y estimaciones del BID, la producción agropecuaria creció a una tasa promedio de 2,6% anual entre 1961 y 2022. La mayor parte de ese crecimiento provino de mejoras en la Productividad Total de los Factores (PTF), es decir, de producir más con una combinación más eficiente de tierra, trabajo, capital y tecnología.
El período de mayor dinamismo fue 1990-2002, cuando la producción aumentó 3,99% anual y la productividad explicó 3,29 puntos porcentuales de ese crecimiento. El BID atribuye ese desempeño a la liberalización económica, la desregulación y una rápida adopción de innovaciones como la siembra directa, los cultivos genéticamente modificados y mejores prácticas agronómicas.
El estudio muestra que, a partir de 2003, con el restablecimiento de los derechos de exportación y otras restricciones comerciales, la producción siguió creciendo, pero cada vez más apoyada en el uso de insumos.
Entre 2003 y 2015, el aporte de los insumos alcanzó 1,55% anual, el valor más alto de toda la serie, mientras que las ganancias de productividad se redujeron a 1,60%, prácticamente la mitad del período anterior.
La desaceleración se profundizó entre 2016 y 2022, cuando tanto la producción como la productividad crecieron apenas 1% anual, el menor ritmo registrado en las seis décadas analizadas.
Uno de los datos más relevantes del informe es que Argentina es el único país latinoamericano con un Estimado de Apoyo Total (EAT) negativo, indicador desarrollado por la OCDE para medir las transferencias que las políticas públicas generan hacia o desde el sector agropecuario.
En promedio, entre 2020 y 2024, el agro argentino transfirió al resto de la economía el equivalente a 1,8% del PIB, unos US$ 9.700 millones por año.
Medido sobre el valor de la producción agrícola, esa detracción equivale a 16% del valor generado por el sector, mientras que en economías como Estados Unidos y la Unión Europea el apoyo supera el 20% del valor de su producción.
El BID sostiene que el impacto de las políticas sobre la productividad depende más de la composición del apoyo que de su magnitud.
Las políticas que distorsionan los precios internos respecto de los internacionales, como los derechos de exportación y otras intervenciones sobre los mercados, muestran una relación negativa con la productividad. En cambio, los recursos destinados a infraestructura, investigación y desarrollo, sanidad e innovación presentan una relación positiva con el crecimiento de la productividad.
En el caso argentino, entre 1997 y 2022 las distorsiones de precios implicaron una transferencia desde el agro superior a US$ 190.000 millones, mientras que los fondos destinados a servicios generales e investigación sumaron apenas US$ 8.900 millones.
El estudio concluye que el agro argentino alcanzó su mayor expansión cuando el apoyo al sector fue casi neutro y que la productividad comenzó a desacelerarse a medida que aumentaron las políticas que afectan los precios percibidos por los productores.
Aunque el BID aclara que la evidencia no prueba una relación causal directa, los resultados son consistentes con la experiencia regional: el crecimiento sostenido del agro depende cada vez más de políticas que incentiven la innovación, la infraestructura y la eficiencia, más que de la simple expansión del uso de insumos. (CampoNoticias)
