RedaccionLa iniciativa fue presentada en una carta dirigida al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en la que también se cuestiona el funcionamiento actual del INASE y se advierte sobre las limitaciones del régimen vigente de propiedad intelectual.
La propuesta fue impulsada por HJ Navas, empresa con sede en Azul, provincia de Buenos Aires, que se dedica a la multiplicación y comercialización de semillas.
En el documento, la firma sostiene que la Ley de Semillas 20.247, sancionada en 1973, quedó desactualizada y ya no responde a la realidad del mercado de generación, multiplicación y comercialización de cultivares, especialmente en los cultivos extensivos que representan más del 70% de la producción agrícola argentina.
Según la empresa, el actual sistema de regalía extendida presenta un problema estructural: sólo una parte de los productores que guardan semilla para uso propio declara esa práctica y paga el correspondiente derecho por el mejoramiento genético incorporado en las variedades.
HJ Navas estima que en Argentina se utilizan alrededor de 1,6 millones de toneladas de semilla de soja, equivalentes a unas 40 millones de bolsas, sobre las que deberían abonarse entre US$2 y US$3 por bolsa en concepto de regalías.
Sin embargo, sostiene que apenas cerca del 20% de los usuarios declara la semilla guardada, lo que reduce significativamente la recaudación efectiva.
Frente a ese escenario, propone reemplazar el sistema por un mecanismo mucho más simple: un aporte de US$1 por tonelada de soja producida, que permitiría ampliar la base de contribuyentes, reducir la evasión y asegurar recursos para financiar el desarrollo de nuevas variedades.
La carta también dedica un fuerte cuestionamiento al funcionamiento del Instituto Nacional de Semillas (INASE).
La empresa afirma que los multiplicadores de semillas enfrentan un sistema burocrático difícil de cumplir, con numerosos trámites, requisitos y cargas de datos que complican el trabajo formal del sector.
En ese sentido, reclama una revisión integral de los procesos administrativos, la modernización del sistema digital y una desregulación que permita construir un esquema “simple, moderno y pensado para los próximos 20 o 30 años”.
Aunque la empresa coincide con el diagnóstico del Gobierno sobre la necesidad de actualizar la legislación de propiedad intelectual en semillas, marca diferencias con una de las alternativas impulsadas por Sturzenegger: la adhesión de Argentina al convenio internacional UPOV 91.
Según HJ Navas, ese camino podría favorecer una mayor concentración del negocio semillero, por lo que propone una solución basada en una contribución general sobre la producción, en lugar de profundizar el esquema de regalías individuales.
El planteo reabre el debate sobre cómo financiar el mejoramiento genético, proteger a los obtentores de nuevas variedades y simplificar el mercado de semillas, un tema que vuelve a ocupar un lugar central en la agenda agropecuaria y legislativa argentina. (CampoNoticias)
