RedaccionEl proyecto de Vandalismo Rural recibió un fuerte respaldo de entidades del sector agropecuario durante el debate en la Cámara de Diputados, en un contexto de preocupación por los delitos que afectan a establecimientos, infraestructura y bienes vinculados con la producción.
La iniciativa busca actualizar el marco penal para contemplar situaciones específicas que afectan a las comunidades rurales y establecer herramientas que permitan actuar antes de que determinados hechos terminen en delitos consumados.
Uno de los principales puntos de la iniciativa es la creación de la figura de intrusión rural, que contempla penas de entre 1 mes y 1 año de prisión para quienes ingresen sin autorización a predios delimitados mediante alambrados, tranqueras o carteles de exclusión.
Desde el sector consideran que esta figura permitiría intervenir ante situaciones como el merodeo nocturno, la caza furtiva o tareas de reconocimiento previo a posibles robos, sin tener que esperar a que se produzca el delito.
El objetivo planteado es brindar una herramienta específica para proteger establecimientos rurales y mejorar las posibilidades de prevención.
El proyecto también incorpora la figura de daño agravado, con penas de 2 a 8 años de prisión y multas de entre 3 y 12 veces el valor del daño ocasionado.
La propuesta incluye expresamente entre los bienes protegidos a:
Además, la pena mínima se duplicaría cuando el autor sea un funcionario público o una persona vinculada habitualmente con la actividad agropecuaria.
Uno de los argumentos centrales planteados por el sector es que el perjuicio de un delito rural no debería medirse únicamente por el precio de reposición del objeto dañado.
Desde Fundación Barbechando señalaron que debe contemplarse la función que cumple cada elemento dentro del sistema productivo.
Un ejemplo es el daño de una bomba de agua. Aunque su valor material pueda ser determinado, su destrucción puede comprometer el abastecimiento de agua de un rodeo completo y generar consecuencias económicas mucho mayores.
La entidad recordó que una vaca de cría puede requerir entre 50 y 70 litros de agua diarios durante el verano, por lo que la interrupción del suministro puede convertirse rápidamente en un problema productivo y sanitario.
Desde las organizaciones agropecuarias también cuestionaron lo que consideran una falta de proporcionalidad en el tratamiento actual de determinados delitos.
El sector planteó que destruir un silo bolsa cargado con toneladas de granos puede generar pérdidas productivas y económicas muy superiores al simple valor del elemento físico dañado.
Por ese motivo, la iniciativa busca incorporar una mirada que contemple la función productiva de los bienes rurales y las consecuencias que su destrucción puede generar sobre toda una actividad.
Otro de los puntos del proyecto está relacionado con la instigación pública a cometer delitos vinculados con el vandalismo rural.
La iniciativa propone penas de 2 a 6 años de prisión para quienes inciten públicamente a cometer estos hechos.
Cuando la incitación se difunda mediante redes sociales o medios de comunicación masiva, la pena podría triplicarse.
Desde el sector consideran que este aspecto cobra especial relevancia por el papel que tienen actualmente las plataformas digitales en la difusión y organización de determinados hechos.
Durante el tratamiento en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, la Mesa de Enlace manifestó su respaldo al proyecto.
El planteo central de las entidades es que quienes viven y trabajan en zonas rurales deben contar con los mismos derechos y niveles de protección que quienes viven en las ciudades.
La discusión busca así avanzar hacia un marco legal que contemple las particularidades de la vida productiva y social en el interior del país.
Desde Fundación Barbechando señalaron que el debate sobre vandalismo rural forma parte de una discusión más amplia sobre las políticas públicas necesarias para acompañar el desarrollo productivo.
La entidad planteó la necesidad de generar herramientas que permitan proteger a quienes producen, trabajan la tierra y forman parte de las comunidades rurales.
El objetivo, según expresaron desde la organización, es avanzar hacia un campo que deje de ser tierra de nadie, con políticas públicas que permitan fortalecer tanto el desarrollo productivo como el social en todo el territorio argentino. (CampoNoticias)
