RedaccionLa discusión por una nueva Ley de Semillas ingresó en una etapa de definición oficial luego de las reuniones mantenidas durante los últimos meses entre representantes de productores y de la industria semillera.
Las partes expusieron ante funcionarios nacionales los puntos en los que lograron acercar posiciones y aquellos que todavía permanecen abiertos. Entre los principales temas figura el alcance del pago por el uso propio de semillas, es decir, qué productores deberían abonar por reservar semilla para utilizarla posteriormente en su propia explotación.
Ahora, el Gobierno deberá analizar las propuestas y avanzar en la elaboración de un proyecto que pretende enviar al Congreso.
Para soja, trigo y arroz, la producción plantea que el pago por uso propio alcance a los productores ubicados en los deciles 1, 2 y 3 del SISA, mientras que los deciles 4 al 10 quedarían exceptuados.
La industria semillera propone un esquema diferente: que queden alcanzados los productores de los deciles 1 al 6 y que la excepción se limite a los deciles 7 al 10.
Sobre una base de 56.065 productores y 14.582.238 hectáreas, las dos alternativas generan una diferencia significativa en cantidad de productores alcanzados, aunque menor cuando se mide por superficie.
La propuesta de la producción alcanzaría a 16.818 productores, equivalentes al 30% del universo analizado. Sin embargo, esos productores concentran 12.061.740 hectáreas, el 82,72% de la superficie registrada.
Con este esquema, quedarían exceptuados 39.247 productores, el 70% del total, que reúnen el 17,28% de la superficie.
La alternativa de la industria ampliaría el universo alcanzado a 33.636 productores, el 60% del total, que concentran 13.917.192 hectáreas, equivalentes al 95,44% de la superficie.
En ese escenario, quedarían exceptuados 22.429 productores, correspondientes a los cuatro deciles superiores, que reúnen 665.046 hectáreas.
Así, la diferencia entre ambas propuestas es de 30 puntos porcentuales en cantidad de productores alcanzados, mientras que la brecha baja a 12,72 puntos porcentuales cuando se considera la superficie.
El mecanismo de los deciles representa una evolución respecto de las primeras conversaciones. En agosto, las entidades de la producción habían planteado inicialmente un límite de 500 hectáreas sembradas por campaña como referencia para definir quiénes conservarían el uso propio sin pago.
Durante el proceso de diálogo comenzó a tomar fuerza una alternativa basada en los deciles de superficie construidos a partir de la información del SISA.
El sistema ya constituye una herramienta central para el seguimiento de la utilización de semillas. El INASE establece que los productores de determinados cultivos, entre ellos soja, trigo y arroz, deben declarar en el SISA los cultivares utilizados y las superficies sembradas por cada cultivar.
El debate parte de un marco legal vigente que contempla la denominada excepción del agricultor. Según el INASE, para que se configure el uso propio el productor debe ser agricultor, haber adquirido legalmente la semilla original y destinar la semilla reservada a la siembra en su propia explotación.
La normativa también establece restricciones respecto de la transferencia de esa semilla a terceros y exige que la semilla destinada a uso propio conserve su identidad y permanezca diferenciada del grano comercial.
Por lo tanto, el eventual nuevo esquema deberá definir cómo se articula esta excepción con un sistema de compensación vinculado al tamaño de las explotaciones.
El alcance del uso propio no es el único aspecto pendiente. También persiste una diferencia respecto de una eventual adhesión de la Argentina al Acta UPOV 91.
Actualmente, la Argentina se encuentra vinculada al sistema de protección de variedades vegetales bajo el Acta UPOV 78, mientras que la industria semillera impulsa la adhesión al Acta de 1991.
Este punto forma parte de una discusión más amplia sobre propiedad intelectual, innovación genética y derechos de los agricultores, y todavía no existe un acuerdo entre los sectores involucrados.
El proceso de diálogo permitió acercar posiciones en distintos aspectos, aunque no logró cerrar todos los puntos de la reforma.
Desde las entidades participantes se destacó la importancia del espacio de intercambio, mientras que la industria también valoró el proceso y señaló que trasladó al Gobierno los puntos donde existieron coincidencias y las cuestiones que permanecen abiertas.
Además, el INASE viene avanzando en mecanismos de trazabilidad y control de semillas. Desde diciembre de 2026 será obligatorio, para determinadas especies cuya información productiva se declara por variedad en el SISA, el uso de la Carta de Porte de Semillas para el traslado de semilla en procesos de fiscalización.
La discusión sobre la nueva Ley de Semillas entra así en una instancia decisiva: producción e industria lograron acercamientos, pero mantienen dos propuestas diferentes sobre el universo que debería pagar por el uso propio. Con el SISA como base para establecer los deciles, el próximo paso será la elaboración de una propuesta oficial que luego deberá atravesar el debate legislativo. (CampoNoticias)
