RedaccionLa Mesa Argentina de Carbono advierte que el país podría generar entre USD 1.400 y USD 3.900 millones anuales en exportaciones, pero reclama avanzar con el proyecto de ley que permanece pendiente de tratamiento en el Senado.
Argentina corre el riesgo de perder inversiones, exportaciones y oportunidades de desarrollo en el mercado internacional de créditos de carbono por la demora en implementar los mecanismos previstos en el Artículo 6 del Acuerdo de París. Mientras Chile y Perú avanzan con acuerdos de cooperación y autorizaciones para proyectos, el país todavía enfrenta obstáculos regulatorios que limitan su capacidad para atraer compradores internacionales.
La advertencia fue planteada por la Mesa Argentina de Carbono (MAC), luego de su participación en la Medellín Climate Week 2026, en Colombia. La entidad sostiene que la falta de reglas operativas claras puede dejar a la Argentina en desventaja frente a otros países de la región que ya trabajan para captar financiamiento climático.
El debate tiene implicancias económicas concretas. Según estimaciones del Centro Argentino de Ingenieros y la Academia Nacional de Ingeniería difundidas por la MAC, Argentina tendría potencial para generar al menos 131,4 millones de créditos de carbono anuales, con ingresos por exportaciones de entre USD 1.400 y USD 3.900 millones.
Se trata de un potencial sujeto a la concreción de proyectos, su certificación, la demanda internacional y los precios de mercado. Sin embargo, la entidad considera que avanzar en el marco regulatorio resulta fundamental para convertir esa capacidad en inversiones efectivas, generación de empleo y nuevas divisas.
Chile aparece como uno de los países latinoamericanos que más avanzaron en la implementación del Artículo 6. El país estableció acuerdos de cooperación con Suiza, Japón y Singapur, y trabaja en procedimientos para facilitar la transferencia internacional de resultados de mitigación.
Según las estimaciones citadas en el comunicado de la MAC, Chile proyecta atraer alrededor de USD 6.000 millones en inversiones vinculadas a este mecanismo durante los próximos años. Esa cifra representa un potencial futuro y no fondos ya desembolsados.
La cartera de iniciativas incluye proyectos de movilidad eléctrica, almacenamiento energético, sustitución de combustibles, biogás y otras tecnologías orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Además, información difundida por Carbon Pulse señala que Chile prevé alcanzar entre 17 y 18 cartas de autorización para proyectos del Artículo 6 hacia fines de 2026.
La diferencia con Argentina radica, según la Mesa Argentina de Carbono, en el grado de avance institucional necesario para conectar proyectos locales con compradores y fuentes de financiamiento internacionales.
Perú también busca ampliar su participación en los mercados internacionales, con especial atención a los proyectos forestales, la conservación de ecosistemas y las iniciativas vinculadas con la naturaleza.
De acuerdo con la información citada por la MAC, el país identificó 66 medidas de mitigación y desarrolló herramientas institucionales para impulsar proyectos bajo mecanismos de cooperación internacional.
En octubre, Perú también registró avances en las autorizaciones vinculadas con su acuerdo bilateral con Suiza y proyectó nuevas autorizaciones en el marco de sus acuerdos con Suiza y Singapur.
Estas iniciativas buscan vincular la reducción de emisiones, la protección de los bosques y el desarrollo territorial con la demanda internacional de créditos de carbono.
Para Argentina, la evolución de estos mercados representa una señal de alerta: los países que establecen procedimientos previsibles pueden captar primero inversiones y compradores interesados en financiar proyectos de mitigación.
La competencia por atraer financiamiento climático no depende solamente de la disponibilidad de proyectos. También influyen las condiciones regulatorias, los plazos de autorización y la posibilidad de utilizar los créditos en determinados esquemas internacionales.
Uno de los ejemplos es CORSIA, el sistema internacional de compensación y reducción de emisiones de carbono de la aviación, que contempla el uso de unidades elegibles bajo criterios específicos.
Según información de Carbon Pulse mencionada por la MAC, una aerolínea latinoamericana y una compañía regional de infraestructura eléctrica preparaban una alianza para financiar proyectos de carbono en distintos países de la región, entre ellos Chile, Colombia, Perú y Brasil.
La publicación también hizo referencia a conversaciones para adquirir créditos provenientes de un proyecto argentino y al desinterés generado por la falta de avances nacionales en la implementación del Artículo 6.
Este escenario muestra que la demora regulatoria puede afectar las decisiones de inversión. Cuando los compradores necesitan certezas sobre la autorización, la trazabilidad y el uso internacional de los créditos, los países que ofrecen procedimientos definidos pueden obtener una ventaja competitiva.
El Artículo 6 del Acuerdo de París establece mecanismos de cooperación entre países para cumplir sus compromisos climáticos. Su apartado 6.2 permite transferir internacionalmente resultados de reducción o remoción de emisiones, siempre que se respeten las reglas de contabilidad y se evite la doble contabilización de una misma reducción.
Para poner en marcha estas operaciones, los países necesitan procedimientos que permitan autorizar proyectos, registrar las transferencias, realizar el seguimiento de los resultados y garantizar su integridad ambiental.
Su implementación puede abrir oportunidades para iniciativas de energías renovables, eficiencia energética, gestión de residuos, agricultura, ganadería, forestación y conservación de bosques, entre otras actividades capaces de demostrar reducciones o remociones verificables de emisiones.
Además, determinados créditos habilitados para mecanismos internacionales pueden acceder a condiciones comerciales diferentes de las observadas en algunos segmentos del mercado voluntario. La MAC había señalado previamente que, según el tipo de operación y las condiciones de mercado, los precios podían ser entre dos y cinco veces superiores.
Esa diferencia potencial podría mejorar la rentabilidad de los proyectos y facilitar el financiamiento de iniciativas que requieren inversiones de largo plazo.
Las estimaciones difundidas por la Mesa Argentina de Carbono ubican en al menos 131,4 millones de créditos anuales la capacidad potencial del país. En términos económicos, las exportaciones podrían representar entre USD 1.400 y USD 3.900 millones por año.
Sin embargo, alcanzar esos valores dependerá de múltiples factores: la cantidad de proyectos que logren desarrollarse, la certificación de las reducciones, la demanda internacional, los precios obtenidos y las condiciones regulatorias.
Argentina cuenta con recursos naturales, capacidades técnicas y experiencias de proyectos certificados en diferentes sectores. Pero ese capital no garantiza por sí mismo el acceso a los mercados internacionales.
Para aprovecharlo, será necesario establecer reglas claras sobre las autorizaciones, las responsabilidades de los participantes, la transparencia de las operaciones y la compatibilidad de las transferencias con los compromisos climáticos nacionales.
La discusión también llegó al Congreso. Según el comunicado de la MAC, el 8 de septiembre pasado las comisiones técnicas del Senado de la Nación aprobaron un proyecto de ley orientado a facilitar el acceso de Argentina a los mercados internacionales de carbono.
Sin embargo, la iniciativa todavía no había sido tratada en el recinto al momento de la publicación del comunicado.
La entidad reclama que el proyecto sea incorporado a la agenda legislativa para avanzar en un marco que permita al país competir en mejores condiciones con otras economías latinoamericanas.
El desafío consiste en transformar el potencial ambiental y productivo argentino en operaciones comerciales concretas. Para ello, la regulación deberá ofrecer previsibilidad a los inversores y, al mismo tiempo, garantizar que las transferencias internacionales de créditos sean consistentes con los objetivos climáticos asumidos por el país.
En un mercado donde otros países ya avanzan con acuerdos y autorizaciones, la demora puede traducirse en oportunidades de inversión que se dirijan hacia otras jurisdicciones. (CampoNoticias)
