RedaccionEl Gobierno nacional y las entidades del campo avanzan en la discusión técnica para una nueva ley de semillas, en un proceso de diálogo que muestra señales de acercamiento, aunque todavía persisten diferencias importantes en temas centrales.
Tras un mes del primer encuentro, técnicos de la Secretaría de Agricultura y representantes de la Mesa de Enlace retomaron las negociaciones en una reunión donde se analizó en detalle la propuesta presentada por el sector agropecuario.
El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, calificó el proceso como un “acercamiento” entre las partes. Durante el encuentro, se revisaron punto por punto los ejes de la iniciativa, detectando coincidencias en algunos aspectos, aunque también surgieron preocupaciones en otros.
Uno de los compromisos más relevantes fue que el proyecto que el Ejecutivo envíe al Congreso será consensuado con las entidades rurales, un reclamo histórico del sector.
Sin embargo, desde el campo advirtieron que falta incorporar a un actor clave en la discusión: la industria semillera. Entidades como la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) todavía no participaron plenamente en la mesa técnica, lo que podría demorar la construcción de un acuerdo integral.
Uno de los principales puntos de conflicto es el esquema de uso propio de semillas. La propuesta de la Mesa de Enlace plantea que este derecho sea gratuito para productores de hasta 500 hectáreas, mientras que quienes superen ese límite deberían pagar regalías por la superficie excedente.
Este tema se vincula directamente con el debate sobre la posible adhesión de Argentina al convenio UPOV 91, que otorga mayor protección a la propiedad intelectual de las semillas y limita la reutilización sin autorización.
Actualmente, el país se rige por la ley vigente desde 1973 y el convenio UPOV 78, que permite el uso propio sin mayores restricciones. El eventual cambio genera resistencia en gran parte del sector productivo, que teme un aumento de costos y una mayor concentración del mercado.
Otro de los ejes abordados fue la necesidad de fortalecer el control estatal, especialmente a través del Instituto Nacional de Semillas (Inase). Desde las entidades rurales plantearon la importancia de mejorar la fiscalización para garantizar el cumplimiento de la normativa.
Si bien las partes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una nueva ley que brinde previsibilidad a largo plazo, el camino hacia el consenso aún es largo. El Gobierno anticipó que en los próximos días continuarán las reuniones técnicas para intentar acercar posiciones.
En este contexto, la discusión sobre la ley de semillas se perfila como uno de los temas clave para el futuro del agro argentino, con impacto directo en la producción, los costos y la competitividad del sector.
