RedaccionLa presión impositiva volvió a ocupar un lugar central en el debate del sector agropecuario. Durante una jornada organizada por la Comisión de Impuestos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), abogados y contadores especializados analizaron los principales desafíos tributarios que enfrenta la producción y coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una reforma integral que reduzca la carga fiscal y simplifique el sistema.
Uno de los diagnósticos más contundentes fue el del abogado y contador Matías Olivero Vila, quien aseguró que Argentina posee una de las mayores presiones tributarias del mundo. "El 60% de la rentabilidad del agro son impuestos", afirmó, al tiempo que propuso implementar un régimen de transparencia fiscal para que los consumidores conozcan el verdadero peso de los tributos sobre los precios.
El contador Santiago Sáenz Valiente sostuvo que el esquema impositivo vigente afecta principios constitucionales y necesita una profunda revisión.
En ese marco, destacó las oportunidades que ofrece el Régimen de Inversiones para Empresas Pequeñas y Medianas (RIMI), al considerar que facilita la incorporación de tecnología y mejora el tratamiento impositivo de determinados bienes productivos.
También valoró los cambios introducidos en la valuación de la hacienda de invernada, al entender que generan mayor equidad respecto de los sistemas de cría y reducen el impacto de anticipos tributarios antes de concretar las ventas.
Respecto de los Derechos de Exportación (DEX), Sáenz Valiente consideró positiva la reducción anunciada por el Gobierno, aunque remarcó que el objetivo debe ser su eliminación una vez consolidado el equilibrio fiscal.
Por su parte, el contador Lisandro Balestra apuntó contra el impuesto sobre los Ingresos Brutos, al que definió como uno de los tributos más perjudiciales para la actividad económica.
"Es un impuesto bastante nocivo para toda la cadena industrial, el comercio y, particularmente, los productores", sostuvo, al cuestionar tanto su estructura como el actual Convenio Multilateral.
Otro de los temas abordados fue el tratamiento de los quebrantos impositivos. El contador Osvaldo Balan advirtió que la falta de actualización por inflación termina licuando el valor de esos créditos fiscales. "No actualizar un quebranto por inflación es pulverizar al productor", afirmó, y sugirió que quienes se encuentren en esa situación evalúen recurrir a la Justicia invocando el principio de no confiscatoriedad.
En tanto, Mariano Echegaray Ferrer cuestionó el funcionamiento del Sistema Simplificado Agrícola, al considerar que responde a un modelo de control desactualizado.
Según explicó, el sector necesita un esquema moderno que permita corregir inconsistencias sin generar mayores costos administrativos. "No estamos pidiendo flexibilidad, sino racionalidad. Los sistemas de control de décadas le quitan eficiencia y margen al negocio", señaló.
Como conclusión de la jornada, los especialistas coincidieron en que la prioridad no pasa únicamente por reducir impuestos, sino por construir un sistema tributario más simple, previsible y eficiente.
En ese sentido, Echegaray Ferrer sostuvo que el contexto político abre expectativas favorables para avanzar en las reformas pendientes. "La mejor reforma que puede tener el agro no viene solo desde una baja de impuestos, sino de ordenar el sistema", concluyó.
