Camponoticias
Josefina Gonzalez Elizondo es abogada, especializada en regulación energética y superficiaria de servidumbre de gasoducto de un campo en las cercanías de Río Colorado, con el apoyo de productores de la zona de Choele Choel y Río Colorado, estuvo presente en el segundo día de la audiencia pública por los precios del transporte y distribución de gas natural.
Centró su exposición en la actualización tarifaria del Transporte de Gas considerando el impacto de los cánones de servidumbre del gasoducto como costo operativo de la transportista, su relación con la tarifa y el costo operativo para los productores de campo en función de lo que está sucediendo en la zona afectada, -unos 140 km-, con la denominada ruta del gasoducto, con los gasoductos Neuba I y Neuba II de la empresa TGS SA, por el uso constante de las picadas que facilitan el abigeato, la matanza de animales y el hurto de bombas sumergibles solares, paneles solares, entre otros bienes de gran valor utilizados por los productores ganaderos.
La presentación incluyó fotos y noticias de los medios de comunicación que dan cuenta de la matanza de animales y se pusieron a disposición las denuncias policiales efectuadas por productores locales. Se la ha referenciado como la ruta del gasoducto o la ruta del mondongo, en clara alusión a la matanza de animales que tienen su efecto más potente cuando el productor encuentra las panzas y las cabezas del ganado en los corrales; pero el mayor riesgo lo centró en la seguridad de las personas, LA VIDA porque manifestó “todos sabemos que quienes intrusan en los campos en esta zona van armados y también sabemos que muchos propietarios utilizan armas para la caza y por cuestiones de seguridad. Quiero y bregamos por evitar desgracias irreversibles para la vida. Esta presentación alienta a que las autoridades de la empresa y del Enargas tomen nota de esta situación y colaboren con su modificación y la provincia de Rio Negro por la competencia que le cabe”.
Propuso la revisión de la resolución Enargas Nro. 3562/2015 donde se dispone conforme el art. 23 que “el pago de cánones de Servidumbre de Gasoducto e Instalaciones Gasíferas es un costo operativo” y el art. 22 del mismo plexo que establece que “los cánones mensuales por servidumbre se negociarán libremente entre las partes…”
Sostuvo que estos costos operativos, al ser negociados libremente no favorecen a los superficiarios, dado que no provienen de una fijación objetiva e imparcial, como la que pudiera proveer a priori el ENARGAS A NIVEL TARIFARIO; se desconoce el valor que representan en cada caso para la transportista y se fomenta la arbitrariedad de su fijación. “Antes eran razonables para ambas partes y actualmente favorecen sólo a la transportista”, concluyó.
Además, planteó que se está incluyendo en la actualización tarifaria este costo como argumento para engrosar el monto del transporte, lo que repercute también en el segmento del precio del valor del gas al usuario, pero indicó que en los últimos años viene sucediendo que la empresa transportista no abona voluntariamente las indemnizaciones por servidumbre, “es necesario reclamarle y lo que es peor se disponen montos irrisorios y en muchos casos alegan la prescripción de esos reclamos . A modo de ejemplo , de una servidumbre de aproximadamente 5 km de afectación por la traza del gasoducto, uso de picadas, ingreso a los inmuebles, con todo lo que lo implica ofrece 200 mil pesos anuales, cuando el valor de un ternero carneado es de aproximadamente el doble y el de una vaca madre de aproximadamente 800 mil pesos”.
Elizondo reclamó la apertura de los datos que conforman el valor del transporte de gas "de manera precisa" y solicitó al Enargas la revisión de la normativa en materia de servidumbres de gasoducto tanto en cuestiones procedimentales como metodológicas para determinar el valor del canon indemnizatorio que incluya parámetros como riesgo por incendios por mayor tránsito y la sequía, riesgo de abigeato y delitos contra la propiedad. También requirió disponer la obligatoriedad de seguridad paga por parte de la empresa en las picadas y seguros para contener contingencias de incendios y abigeatos.
"Además de productora de gas, somos una provincia de tránsito", es por ello que instó a las autoridades provinciales a ser parte del directorio del Enargas, según lo determina el art. 42 de la Constitución nacional, que habilita a las provincias a participar en los organismos de control.
“Esta DEMANDA CONSTITUCIONAL está incumplida. Esta participación institucional es clave para incidir de manera más directa en la solución de las problemáticas planteadas”, y amplió su reclamo a lo que sucede en la zona andina recordando que “la ciudad de Bariloche desde julio de 2022 no tiene acceso a nuevas conexiones y salvo reacciones inconexas de algún funcionario, el ENARGAS estuvo indiferente a la cuestión”.
Por último, rechazó que se autorice que los costos dolarizados se trasladen a la tarifa, “somos un país productor de gas con perspectivas de exportación, y recuerdo que los recursos HIDROCARBURÍFEROS son provinciales. Me opongo al aumento propuesto por la transportista TGS y la distribuidora Camuzzi Gas del Sur por no respetar los estándares constitucionales y legales dispuestos en la ley 24076 y jurisprudenciales en el denominado fallo CEPIS y el rol que pretende asumir el Estado nacional en no sostener al usuario a través de subsidios o algún tipo de compensación, dado que estamos ante la presencia de un servicio público de jurisdicción nacional, PERO LOS RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS SON PROVINCIALES y DEBE HABER CONSENSO CON LAS PROVINCIAS, SOBRE TODO EN LA DOLARIZACIÓN QUE SE PRETENDE QUE NOS AFECTA COMO USUARIOS Y USUARIAS ARGENTINAS”.
Abogó por un país sin pobreza energética y rechazó la actualización tarifaria mensual, “porque el salario de los y las trabajadoras está congelado con el nivel de inflación que estamos viviendo”. (CampoNoticias)
