La rentabilidad del campo podría caer hasta un 74% si vuelven a subir las retenciones en julio

La rentabilidad del campo puede caer hasta un 74% en las zonas más desfavorables si se suben las retenciones en julio, según lo calculó un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea.

El reporte elaborado por Franco Artusso advirtió que podría haber una merma de entre 11% y 12% en la región núcleo (equivalente a entre 30 y 60 dólares por hectárea) y de entre 21% y 74% en la región extra pampeana (entre 32 y 43 dólares por hectárea).

A principios de año, el gobierno de Javier Milei anunció una reducción parcial y temporal de las alícuotas de las retenciones que gravan los productos agropecuarios y sus principales derivados agroindustriales, que regirá hasta el 30 de junio.

Esta medida fue celebrada en el sector, a pesar de su vigencia limitada hasta fines de junio, interpretándose como el inicio del proceso de quita de este gravamen que, por sus efectos distorsivos, muy pocos países lo implementan.

Inicialmente, se especulaba con que el plazo de vigencia del nuevo esquema sería extendido dada la promesa del equipo económico de seguir reduciendo impuestos en la medida en que hubiese espacio fiscal.

No obstante, el documento afirma que durante las últimas semanas el presidente ratificó el carácter temporario de la baja, expresando que las alícuotas volverán a sus niveles previos vencido el plazo señalado.

Retenciones
No está claro, dice el análisis del Ieral, si el pronunciamiento del presidente tiene que ver con un intento de acelerar la comercialización de granos durante los primeros meses del nuevo régimen cambiario para llegado el momento prorrogar la baja de DEX, o si el gobierno realmente necesita más recursos fiscales para el segundo semestre y por tanto subirá el impuesto cumpliendo con lo establecido inicialmente.

Dada la disyuntiva que se ha presentado, parece oportuno recordar que los DEX afectan la rentabilidad del negocio de producir granos, induciendo a las empresas agropecuarias a minimizar la incorporación de nuevas tecnologías (maquinaria, semillas, fertilizantes, etc.) y limitar la expansión de la superficie bajo explotación (se descartan aquellas zonas de rindes más bajos o inciertos).

Es decir, la inversión se reduce en un escenario con DEX respecto de aquella que se observaría bajo un escenario que no castiga con este impuesto a la actividad.

Cómo sería la pérdida de rentabilidad, según cada zona
Para esta aproximación, consigna el documento de referencia, se toman como referencia dos modelos agrícolas con distintos niveles de eficiencia en la producción de los granos, uno que captura particularidades de la zona núcleo (sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires) y otro que intenta representar a la gran región extra pampeana (Norte de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, centro-norte del país).

Además, en cada uno de ellos se consideran distintos regímenes de tenencia de la tierra para evaluar el impacto sobre la rentabilidad de empresas agropecuarias que producen en campo propio versus alquilado (lo que deja un total de cuatro casos bajo análisis).

En todos los casos se supone una escala de 500 hectáreas y un esquema de siembra 50% soja y 50% maíz.

Las principales diferencias de rentabilidad entre zonas se deben a la productividad de la tierra (rendimientos de cultivos), las distancias al puerto (costo del transporte de cargas) y los distintos requerimientos de insumos y labores, según la ubicación geográfica (costos directos de producción).

Las diferencias entre propietarios y arrendatarios de una misma zona se deben a la incidencia del costo de arrendamiento, el cual se expresa en quintales fijos de soja (15 en zona núcleo y 8 en la extra pampeana) valuados a precios FAS Rosario al momento de la cosecha.

El precio FAS (Free Alongside Ship) se refiere al precio de una mercancía en el puerto de embarque, antes de ser cargada en el buque. Se diferencia del precio FOB (Free on Board) que incluye los costos de carga en el buque, aclara el autor del documento, Artusso.

El trabajo muestra cómo cambia la rentabilidad en dólares por hectárea del negocio bajo un escenario con retenciones del 26% al 9,5% versus otro con alícuotas del 33% al 12% (soja-maíz, respectivamente).

    
Las principales diferencias de rentabilidad entre zonas se deben a la productividad de la tierra (rendimientos de cultivos), las distancias al puerto (costo del transporte de cargas) y los distintos requerimientos de insumos y labores, según la ubicación geográfica.
También se muestran la recaudación del fisco (nacional y provincial) y la carga tributaria total (en porcentaje de la renta total del negocio).

Los cálculos suponen rindes medios de cada zona, precios FOB de US$400 por tonelada de soja y U$S220 de maíz (cotizaciones promedio al mes de abril) y un tipo de cambio promedio de $1200 por dólar.

Si el gobierno aumenta los derechos de exportación (DEX) a fines de junio 2025, la rentabilidad de producir granos (ingresos menos costos y todos los impuestos) empeorará entre 11% y 12% en zona núcleo (U$S 30 y U$S60 por hectárea, aproximadamente) y entre 21% y 74% en zona extrapampeana (U$S32 y U$S43).

Por su parte, el fisco (nacional y provincial como un todo) podría recaudar entre un 11% y 20% más según tipo de productor y zona (entre U$S44 y U$S70 por hectárea).

Puede apreciarse que el perjuicio es mayor en zona extra pampeana, más alejada de los puertos y que no cuenta con las mismas aptitudes edafoclimáticas que la zona núcleo.

Este ejercicio muestra el impacto que tendría la suba de DEX sobre el negocio de la empresa agropecuaria a los precios relativos actuales y suponiendo que toda la producción se comercializa bajo cada uno de los respectivos esquemas de DEX que se están comparando.

No obstante, cabe considerar que al mes de junio un porcentaje no menor de la cosecha 2024/25 estará ya comercializada con la carga tributaria actual (como es habitual para la fecha) y sólo los granos que queden por venderse a partir de ese momento pagarán las mayores alícuotas (si resulta que se revierte la baja).

Esto incide directamente sobre el resultado económico efectivo que tendrá el ciclo agrícola actual y también la potencial mayor recaudación que podría generar la reversión de la medida en el segundo semestre de este año.

Haciendo algunos cálculos y supuestos, si a mediados de año quedase sin comercializar el 50% del saldo exportable de maíz, el 60% del de soja y el 20% del de trigo del ciclo 2024/2025, la suba de alícuotas generará, por estos granos remanentes y a los precios internacionales esperados, un aumento de recaudación aproximado de US$930 millones en el plazo en que se complete la comercialización, durante el lapso de 8 a 9 meses.

Si bien quedan otros granos que pueden agregar algunos dólares extras, el hecho es que la medida tendría un impacto relativamente bajo en términos de recaudación y del resultado del ejercicio fiscal 2025, no mayor al 0,1% del PIB.

A cambio de mayores recursos fiscales de coyuntura, la reversión de la medida tendría todos los efectos dinámicos negativos antes mencionados en términos de desincentivo a la inversión, a la incorporación de nuevas tecnologías y a la expansión de la actividad en zonas extra pampeanas.

Todo lo anterior deriva en una base imponible efectiva más reducida, respecto de aquella que potencialmente puede ofrecer el sector agropecuario en otros impuestos menos dañinos (Ganancias, a los Inmuebles Rurales, etc.), en forma directa o vía sus actividades económicas vinculadas, bajo un esquema de menor carga tributaria sobre las exportaciones.

Además, se trataría de una señal muy negativa, en un sector que espera que el gobierno mantenga el rumbo en pos de cumplir su promesa electoral de eliminar definitivamente los DEX.

Respecto de esto, se presenta una propuesta de cómo podría avanzarse en esta eliminación, una reforma que disminuya la exagerada presión tributaria que sufre el sector, pero permita al fisco la posibilidad de recuperar ingresos vía mayor recaudación y posibles modificaciones de otros impuestos, cierra el informe de la Fundación Mediterránea. (CampoNoticias)