Los diputados nacionales Victoria Borrego y Juan Manuel López impulsan una iniciativa que busca modificacar la Ley de Emergencia Agropecuaria N° 26.509. Ademas, el objetivo es elevar el financiamiento del Fondo Nacional de Emergencias Agropecuarias (FONEDA).
Actualidad09/09/2025
Camponoticias
En medio de la preocupación del campo bonaerense por las inundaciones en el centro oeste provincial, donde según un reciente relevamiento de Carbap quedaron más de un millón de hectáreas afectadas, dos diputados nacionales de la Coalición Cívica, espacio vinculado con Elisa Carrió, presentaron un proyecto de ley para introducir modificaciones importantes en la Ley de Emergencia Agropecuaria N° 26.509, sancionada en 2009. Se trata de un proyecto para modificar la ley de 2009 que quedó desactualizada con un fondo de $500 millones
La iniciativa corresponde a los legisladores Victoria Borrego y Juan Manuel López que, entre otros puntos, busca agilizar el mecanismo para el otorgamiento de la emergencia y/o desastre agropecuario y ampliar el monto estimado, congelado en 2009 en $500 millones. Los legisladores apuntan a que haya un mínimo de financiamiento para asistencia de $130.000 millones y se pueda actualizar. También pretenden que los productores de las zonas afectadas no paguen retenciones.
El proyecto de Borrego y López apunta a reducir los plazos para que el Poder Ejecutivo se expida. En rigor, si no hay una definición tras un pedido de emergencia, automáticamente se concederá la emergencia. Así se fijó en la propuesta de reforma del artículo 6. “Los estados de emergencia agropecuaria o zona de desastre deberán ser declarados previamente por la provincia afectada, la cual deberá solicitar ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios la adopción de igual decisión en el orden nacional. La Comisión Nacional deberá expedirse en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. Elevada la recomendación, la Autoridad de Aplicación Nacional deberá resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Vencidos dichos plazos sin pronunciamiento expreso, se considerará automáticamente aprobada la declaración de emergencia o desastre agropecuario en el ámbito nacional, con los efectos legales correspondientes”.
De acuerdo con los diputados nacionales, “la emergencia no puede ser una herramienta política al servicio de la recaudación. Cuando los productores enfrentan sequías o inundaciones necesitan alivio inmediato, no esperar meses a que el Gobierno decida si firma una resolución. Con esta reforma buscamos garantizar que el apoyo llegue en tiempo y forma”.
La emergencia permite a los productores acceder a prórrogas de impuestos y beneficios en materia crediticia. La semana pasada el gobierno nacional procedió a declarar en emergencia y/o desastre agropecuario en 12 distritos bonaerenses. Estos fueron Puán, Tornquist, 9 de Julio, Carlos Casares, General Lamadrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, 25 de Mayo, Saladillo y Roque Pérez.
El monto de asistencia pasaría de $500 millones a un mínimo de 130.000 millones de pesos
Los diputados también pusieron la lupa en su iniciativa en la desactualización de la ayuda, congelada desde 2009 en $500 millones. Para ello proponen llevar el monto mínimo a $130.000 millones, según lo dispuesto en la reforma del 1 del artículo 17 de la Ley Nº 26.509, quedará redactado de la siguiente forma: “Los que se asignen anualmente por ley de presupuesto general para la administración pública nacional. Los recursos del fondo permanente deben ser como mínimo un monto anual equivalente a pesos ciento treinta mil millones de pesos ($ 130.000.000.000). Los recursos del fondo para ejercicios futuros ajustarán anualmente a la tasa de crecimiento calculada entre el valor inicial del precio del gasoil común comercializado por YPF al momento de la sanción de la presente ley y el precio futuro del mencionado gasoil”.
El proyecto de la Coalición Cívica también incorpora nuevos beneficios fiscales aplicables a los afectados por la emergencia. Precisaron que se trata de la reducción hasta el 0% de la alícuota del impuesto al cheque, la suspensión del pago de anticipos impositivos y la disminución hasta el 0% de las alícuotas de derechos de exportación. (CampoNoticias)
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