Las fábricas de biodiesel reclaman pérdidas millonarias por el atraso en los precios oficiales

En una carta dirigida al Ministerio de Economía, la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba) intimaron a las autoridades a publicar el valor correspondiente a septiembre de 2025, advirtiendo que la demora está generando pérdidas crecientes y comprometiendo la viabilidad del sector.Aseguran que ya perdieron casi 80 millones de dólares por el atraso en la actualización de los precios que fija el Gobierno. 

El documento, firmado por Marcelo Kusnierz y Axel Boerr, fue enviado a la secretaria de Energía, María Tettamanti, al coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y al subsecretario de Combustibles Líquidos, Federico Veller. Allí advierten que la falta de publicación del precio viola lo dispuesto por la Resolución 963/2023, que establece la obligación de difundir mensualmente los valores de referencia. Según los cálculos presentados, el precio de biodiésel para septiembre debería ubicarse en 1.543.663 pesos por tonelada más IVA.

El reclamo no se trata solo de un problema administrativo. Los industriales remarcan que desde julio de 2024 los valores oficiales comenzaron a quedar por debajo de los costos, en abierta contradicción con lo establecido en la Ley 27.640 de biocombustibles. Esa diferencia entre lo que cuesta producir y lo que el Estado reconoce como precio regulado provocó una rentabilidad negativa en la mayoría de las plantas. Según las cámaras, la pérdida de ingresos acumulada asciende a 78,8 millones de dólares, mientras que el quebranto operativo alcanza los 45,5 millones de dólares.

Los números no sorprenden cuando se observa la estructura de costos de la industria. El 95% de los insumos está dolarizado: aceite crudo de soja, metanol, metilato de sodio, ácido sulfúrico, soda cáustica, ácido clorhídrico, antioxidantes, reactivos de laboratorio y gas natural. Todo se paga en dólares, aunque las facturas se liquiden en pesos al tipo de cambio vigente. El biodiésel, además, sustituye gasoil fósil importado, que también se paga en dólares, lo que expone aún más la incoherencia de mantener un esquema de precios pesificados y calculados con un dólar rezagado.

El mecanismo actual para fijar los precios es uno de los principales puntos de conflicto. La Secretaría de Energía establece un valor mensual en pesos calculado en base a un tipo de cambio promedio de los 30 días previos al séptimo día hábil antes de cada mes. Esto genera un desfasaje inevitable en un contexto de alta volatilidad cambiaria. El caso de septiembre es ilustrativo: el precio vigente se fijó con un dólar promedio de 1.316 pesos, cuando en la actualidad ya ronda los 1.432 pesos. Esa diferencia implica una descapitalización extra de 94 dólares por tonelada, un golpe difícil de absorber para las fábricas que operan con márgenes cada vez más estrechos.

La situación se agrava porque muchas de estas plantas están radicadas en el interior productivo, especialmente en Santa Fe, donde el sector de biocombustibles se consolidó en los últimos años como un actor estratégico de la agroindustria. Allí se generaron empleos directos e indirectos vinculados no solo a la producción de biodiésel sino también a servicios logísticos, mantenimiento industrial y desarrollo tecnológico. El atraso en los precios amenaza con paralizar inversiones, frenar la producción y poner en riesgo miles de puestos de trabajo.

En la carta enviada al Gobierno, las cámaras remarcan que la solución es simple y ya fue presentada en varias oportunidades: dolarizar el precio del biodiésel, como ocurre con otros combustibles en el mercado mayorista energético. Argumentan que, de esa manera, se lograría un esquema más previsible y alineado con los costos reales de la producción, eliminando las distorsiones provocadas por la brecha cambiaria y la inflación. "El biodiésel sustituye gasoil fósil importado, cuyo precio y pago también se realizan en dólares", recordaron en el texto.

El reclamo del sector se produce además en un momento clave para la política energética de Argentina. El Gobierno de Javier Milei viene impulsando una agenda de liberalización y desregulación, pero en el caso de los biocombustibles la política de precios administrados continúa generando fricciones. Desde las cámaras advierten que, de no modificarse la situación, analizan iniciar acciones legales contra el Estado por los daños ocasionados por la fijación de precios por debajo de los costos y por la omisión en la publicación en tiempo y forma.

Más allá de la coyuntura, el debate sobre el biodiésel abre la puerta a una discusión más profunda: cuál debe ser el rol de los biocombustibles en la matriz energética argentina. Mientras Brasil avanza en la consolidación de su programa de etanol y biodiésel con reglas de juego claras y previsibles, Argentina sigue atrapada en la incertidumbre regulatoria. La región demanda cada vez más soluciones energéticas sustentables y, sin embargo, el país arriesga perder competitividad frente a sus vecinos.

En el plano internacional, la presión por reducir la huella de carbono y avanzar hacia una transición energética verde genera nuevas oportunidades para productos como el biodiésel. Europa ya impone exigencias estrictas de trazabilidad y sostenibilidad a sus importaciones, y Estados Unidos viene ampliando su mercado de combustibles renovables.

Para la Argentina, este escenario podría representar una ventaja estratégica. Sin embargo, la falta de estabilidad normativa y de reglas claras se convierte en un obstáculo para capitalizar esas oportunidades. (CampoNoticias)