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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que comanda el Catedrático Fernando Vilella, aseguró hacerlo "es clave para incrementar la productividad y nutrición de los cultivos, los saldos exportables y la resiliencia de los mismos frente a la creciente volatilidad climática", a pesar de las crítica de Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), en conjunto.
Según explicó la cartera agropecuaria. "el Acta 1991 (UPOV-91) crea el uso propio por parte de los agricultores; excepción que no existe en el Acta 1978 (UPOV-78) a la cual la Argentina se encuentra adherida hoy[.
"En la actualidad, autorizar el uso propio de determinas especies en Argentina es un requisito que debe cumplirse para poder ejercerlo, esto implica declarar variedades utilizadas, cantidad de producción, entre otras; bajo apercibimiento de multas y de perder este derecho", agregaron.
Asimismo, desde Agricultura marcaron que "en los países adheridos a UPOV ACTA 1991, han reglamentado que los pequeños productores quedan exceptuados de pagar por el uso propio", al mismo tiempo que aseguraron que este convenio "no viene a regular sobre material sin propiedad intelectual por lo cual estas especies no son alcanzadas por el Acta 1991".
Además, la cartera afirmó que la adhesión "potenciara a desarrolladores de genética locales tales como el INTA que es el principal obtentor de variedades de la Argentina con inversión pública en mejoramiento, y a otros como al Conicet, a la estación experimental Obispo Colombres y obtentores pymes nacionales garantizando un desarrollo federal inclusivo".
"Esta adhesión dará impulso al desarrollo genético en cultivos tales como arvejas, lentejas, garbanzo, lechuga, tomate, maní, porotos, claves para mejorar la seguridad alimentaria, donde la Argentina tiene el potencial de ser líder global", agregó el comunicado.
Respecto a la extensión de los años de protección, "hoy Argentina cuenta con una protección mayor a la establecida en el acta de 1978 que implica el plazo de 20 años para todas las especies, lo único que se ampliaría con la adhesión a UPOV 1991 sería cinco años para árboles y vides que se determinaría en 25 años, el resto permanecerá igual". al mismo tiempo que aclaró que "los países desarrollados y economías que protegen su propiedad intelectual se encuentran en su mayoría adheridos al Acta de UPOV 1991; son 61 de los 78 miembros de UPOV".
El miércoles, diversas entidades agropecuarias se pronunciaron en contra de la adhesión a esta convención internacional debido a que "implica entre otras cosas, la pérdida del derecho de uso propio (de semillas) por parte de los agricultores y la mayor extensión de los derechos de los obtentores".
FAA, CRA y la SRA opinaron que la "UPOV 91 beneficia principalmente a desarrolladores comerciales de variedades uniformes, limitando los derechos de los agricultores para guardar y utilizar semillas y material de propagación", un esquema de siembra habitual en nuestro país.
"Sus características claves incluyen la necesidad de autorización del obtentor para el uso propio, la extensión de derechos hasta el producto de la cosecha (lo cosechado) y una ampliación en la duración del derecho de propiedad", advirtieron las entidades.
En base a este argumento, solicitaron retirar la propuesta de adhesión del proyecto de Ley Bases y discutir de manera integral una nueva Ley de Semillas en el Congreso. (CampoNoticias)
