El pacto, firmado el pasado sábado 17 de enero en Paraguay tras 26 años de negociaciones, había iniciado ya su tramitación institucional. Sin embargo, la decisión del Parlamento Europeo implica que el acuerdo no podrá avanzar hasta que el tribunal emita su dictamen, un procedimiento que podría prolongarse entre 18 y 24 meses, según los plazos habituales del TJUE.
Dudas legales y una votación ajustada en la Eurocámara
La iniciativa del Parlamento Europeo que solicita la revisión judicial fue aprobada este miércoles 21 de enero por 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, reflejando la profunda división existente en la Cámara. Una segunda moción impulsada por la ultraderecha no prosperó, lo que subraya que el cuestionamiento del acuerdo no responde a un único bloque ideológico.
El Parlamento Europeo plantea dudas sobre si el texto respeta los tratados de la UE, en especial en lo relativo al mecanismo de reequilibrio, que permitiría a los países del Mercosur impugnar normas europeas que consideren perjudiciales para sus exportaciones. Para numerosos eurodiputados, este punto podría chocar con la autonomía regulatoria de la Unión y vulnerar su marco jurídico.
Un acuerdo dividido para acelerar su entrada en vigor
La Comisión Europea optó por una estructura jurídica dual para facilitar la aprobación del pacto. Por un lado, un acuerdo interino centrado en el libre comercio, cuya ratificación solo requiere el visto bueno del Parlamento Europeo; por otro, un acuerdo de asociación más amplio, con elementos políticos y de cooperación, que debe ser aprobado por los Parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros.
Esta estrategia ha sido uno de los principales focos de crítica. Varios eurodiputados cuestionan si la Comisión tiene realmente competencia para dividir el acuerdo, ya que este diseño permitiría aplicar provisionalmente la parte comercial sin el aval de los parlamentos nacionales, algo que para sus detractores debilita el control democrático.
Aplicación provisional y margen de maniobra de la Comisión
Aunque el envío al TJUE suspende la ratificación, la Comisión Europea mantiene la posibilidad de avanzar con la aplicación provisional del capítulo comercial si al menos uno de los países del Mercosur completa su proceso interno de adopción. Esta opción ha generado inquietud en la Eurocámara, que teme que se ignore el sentido político de la votación.
El propio tribunal ha recordado que controla sus tiempos y que puede priorizar este dictamen si las circunstancias lo requieren, aunque no ha dado garantías de una resolución acelerada. Mientras tanto, los eurodiputados continuarán analizando el texto, a la espera de una opinión jurídica que será determinante para el futuro del acuerdo.
Debate estratégico en un contexto internacional tenso
La Comisión Europea lamentó la decisión y aseguró que ya había respondido a todas las preocupaciones legales planteadas por los eurodiputados. Para el Ejecutivo comunitario, frenar el acuerdo debilita la posición de la UE en un momento marcado por amenazas arancelarias y tensiones geopolíticas.
Otros líderes políticos ven el pacto con Mercosur como una respuesta estratégica al proteccionismo y una oportunidad para reforzar el multilateralismo. Sin embargo, la pregunta planteada por los defensores de la revisión judicial impulsada por el Parlamento Europeo sigue sobre la mesa: ¿qué riesgo hay en consultar al Tribunal de Justicia? La respuesta, en los próximos dos años, marcará el futuro del acuerdo y el rumbo comercial de la Unión Europea. (CampoNoticias)
