El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, anunció la declaración de la “emergencia productiva, hídrica e ígnea para el territorio provincial, en base al análisis de indicadores técnicos provistos por las áreas competentes”.

El mandatario encabezó una reunión con los organismos que intervienen en la preservación ambiental y en la provisión y manejo del agua, para tratar la crítica situación hídrica por la que atraviesa no sólo la provincia, sino la región en general, debido a las escasas precipitaciones, las altas temperaturas y la histórica bajante del río Paraná.

Asimismo, mantuvo un encuentro con dirigentes de la Mesa de Enlace regional, a quienes les prometió decretar también el estado de “desastre ganadero” y de “emergencia agrícola”, en las zonas afectadas por la fuerte sequía.

Medidas
Capitanich adelantó que se destinarán $ 500 millones para perforaciones, acarreo de agua y contratación de equipos para garantizar el suministro.

Asimismo, se establecerá un sistema de emergencia para prevenir e intervenir en focos ígneos detectados y aplicar un programa de regulación de pesca compatible con la evolución de la altura del río Paraná.

En cuanto específicamente a los sectores productivos, la subsecretaría de Agricultura, Flavia Francescutti, detalló: “Estamos iniciando un cuarto año de sequía donde probablemente las precipitaciones lleguen recién a fin de febrero o inicios de marzo y esto está trayendo muchas dificultades”.

La funcionaria advirtió que el sector ganadero está “muy afectado” por la falta de recuperación de los pastizales, por altas temperaturas y escasas lluvias.

“Compartimos con el gobernador los datos de déficit hídricos del perfil del suelo que está ocasionando pérdidas en los cultivos; no se llegaron a concretar las siembras que esperábamos para girasol, soja, entonces es una situación de alarma bastante importante”, sostuvo.

Desde el Gobierno chaqueño se informó que “el gobernador y las entidades del campo conformaron una mesa técnica de seguimiento y acordaron una serie de medidas fiscales y financieras: regularización de la venta forzosa de haciendas, el no pago de anticipo de impuesto a las ganancias y la regulación de la trazabilidad del Senasa, que abarca a 900 productores, de los cuales unos 100 se ven afectados desde lo burocrático, entre otros instrumentos”.  (CampoNoticias)