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La planta de Vicentin en San Lorenzo, la única del gigante agroexportador que permanecía inactiva, podría volver a operar si prospera una oferta del grupo Grassi, a través de su acopio Commodities S.A.
La firma formalizó ante la Justicia una oferta concreta para reactivar las operaciones bajo un esquema de fasón. La propuesta, presentada en el marco de la convocatoria de acreedores de Vicentin, contempla el procesamiento de hasta 320.000 toneladas mensuales de soja, con una tarifa de referencia de US$18 por tonelada, ajustable según eficiencia y servicios.
Este acuerdo, con una vigencia estimada hasta fines de noviembre de 2025 y seis meses de operación desde su firma, surge como un salvavidas en un contexto delicado.
La intervención judicial había tomado las riendas de Vicentin para mantener la operatividad y los puestos de trabajo, especialmente ante la paralización de las plantas desde marzo por falta de materia prima, lo que generó retrasos salariales e incertidumbre. Si bien las plantas de Ricardone y Avellaneda lograron acuerdos de fasón, San Lorenzo aún esperaba una oferta concreta.
Dada la inactividad de la planta de San Lorenzo y la necesidad de una puesta a punto, Grassi propuso inicialmente utilizar capacidad instalada en Renova SA, donde Vicentin tiene participación accionaria. Esta iniciativa busca no solo reactivar la producción, sino también evitar el deterioro de los activos de Vicentin, asegurar el pago de salarios y preservar el valor económico y social de la compañía en un momento crucial donde la Cámara de Apelaciones de Rafaela impulsa el “cram down” para evitar la quiebra.
Para concretar la operación, Grassi estableció condiciones laborales, contractuales y operativas fundamentales para proteger la mercadería y asegurar la continuidad productiva. Un punto clave es el compromiso explícito de los sindicatos aceiteros de San Lorenzo (SOEA), la Federación Aceitera (FTCIODyARA) y el sindicato de Reconquista para garantizar los turnos de trabajo, la logística y el reconocimiento de que los granos ingresados son ajenos al proceso concursal. Esto último brinda seguridad a los proveedores de materia prima, ya que los subproductos no podrán ser embargados ni mezclados con bienes de Vicentin.
La propuesta también estipula que los interventores judiciales serán responsables de firmar los contratos y gestionar la operación de la planta. Los ingresos generados por el fasón se destinarán prioritariamente al pago de salarios y al sostenimiento de la actividad, bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo de Santa Fe. Además, cada empresa aportante tendrá libre disposición de sus subproductos, y Vicentin no tendrá titularidad sobre los granos ni los productos elaborados. Grassi, por su parte, se reserva el derecho de designar auditores para supervisar el proceso productivo.
El Grupo Grassi es una empresa con diferentes áreas de actividad, incluyendo servicios de contaduría, consultoría fiscal y empresarial, además de actividades de compromiso social y comercial. Originalmente fue una empresa dedicada al corretaje de granos, con actividad desde 1888. (CampoNoticias)
