Camponoticias
El pasado jueves 12 de noviembre de 2026, el Ministerio de Transporte de Buenos Aires resolvió establecer un aumento del 16% en la tarifa de referencia del transporte de granos, luego de una negociación sin acuerdo entre transportistas y dadores de carga. La decisión provocó el rechazo de Carbap, Coninagro y el Centro de Acopiadores de Cereales, que cuestionaron el porcentaje y la intervención provincial. El conflicto importa porque reabre la discusión sobre los costos de comercialización, la rentabilidad del productor y las reglas que ordenan el movimiento de la cosecha hacia los puertos.
La controversia tiene un componente económico y otro institucional. Según el comunicado conjunto de las entidades, los dadores de carga comenzaron ofreciendo una actualización del 8,3% y posteriormente elevaron su propuesta al 11,5%. Las organizaciones sostienen que los transportistas estaban dispuestos a aceptar un 15%, por debajo del porcentaje finalmente establecido. La diferencia de 4,5 puntos porcentuales entre la última oferta agropecuaria y el laudo oficial refleja posiciones enfrentadas sobre cómo distribuir los mayores costos de la actividad.
El 16% abrió una disputa entre el campo y la Provincia
El gobierno de Axel Kicillof rechazó la interpretación de las entidades y defendió la resolución del Ministerio de Transporte. Según la explicación oficial, los estudios de costos presentados por las organizaciones transportistas arrojaban incrementos del 16,95% para Fatrac, 18% para Atcade y 17% para Fetra. La administración provincial argumentó que el porcentaje fijado resultó inferior a esas estimaciones y que la intervención se realizó dentro de las facultades legales de la Comisión Asesora del Transporte de la Producción del Agro.
La diferencia entre las posiciones revela un problema de fondo: no todos los actores utilizan los mismos criterios para calcular la evolución de los costos. Combustible, neumáticos, mantenimiento, salarios, seguros y amortización de los equipos condicionan la rentabilidad del transportista. Del otro lado, productores y acopiadores deben afrontar el costo de trasladar mercadería cuyo valor depende de los mercados agrícolas. Sin una metodología compartida y transparente, cada actualización tarifaria corre el riesgo de convertirse en una nueva disputa sectorial.
El antecedente inmediato ocurrió en abril, cuando las diferencias por los fletes derivaron en protestas y dificultades para acceder a terminales portuarias. De acuerdo con el comunicado de Carbap, Coninagro y los acopiadores, después de un acuerdo del 14% alcanzado en la mesa de negociación, la Provincia avaló una actualización del 16% en Necochea, en un contexto de bloqueos. Para las entidades, aquel episodio debilitó la negociación institucional. La preocupación actual es que la posibilidad de nuevas medidas de fuerza termine condicionando los acuerdos futuros.
La competitividad argentina en riesgo
La discusión adquiere mayor relevancia en una Argentina que compite con Brasil, Paraguay y Uruguay por los mercados internacionales de granos y derivados. Mientras la producción local enfrenta retenciones y costos de infraestructura, la logística representa otra variable que incide sobre el precio recibido por el productor. Brasil también enfrenta desafíos de transporte, especialmente por las largas distancias desde sus regiones productivas, pero la expansión de corredores ferroviarios y portuarios demuestra la importancia estratégica de invertir en conectividad para sostener las agroexportaciones.
En este escenario, el problema no es solamente cuánto aumenta el flete, sino cómo se construye un sistema logístico competitivo y previsible. La infraestructura ferroviaria, el mantenimiento de rutas, la eficiencia portuaria y la disponibilidad de camiones durante la cosecha son factores que determinan el costo final de colocar granos en los mercados. Una actualización tarifaria puede responder a mayores gastos operativos, pero no reemplaza las inversiones necesarias para reducir los costos estructurales que afectan a toda la cadena agroindustrial.
Las entidades agropecuarias recordaron que las tarifas de referencia no constituyen precios obligatorios y recomendaron consultar los valores locales antes de contratar viajes. Esa aclaración es importante para productores y comercializadores, especialmente en zonas donde la disponibilidad de camiones modifica las condiciones de contratación. El desafío para Buenos Aires será recuperar un mecanismo de negociación confiable, capaz de reconocer los costos del transporte sin trasladar incertidumbre adicional a la producción. La competitividad del agro argentino necesita acuerdos sostenibles, infraestructura y reglas claras, no conflictos recurrentes en cada actualización de fletes. (CampoNoticias)
