Camponoticias
Luego de 25 años de negociaciones, el 17 de enero pasado se suscribió en Paraguay el Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea. Este instrumento crea un mercado conjunto de aproximadamente 718 millones de personas, representando un Producto Bruto Interno de 22 billones de dólares (alrededor de 30% del PBI mundial) y cerca del 35% del comercio global. El Acuerdo ya fue ratificado por todos los países del bloque del sur.
Dado que en Europa su ratificación tuvo problemas en algunos de los países miembros, y el cuerpo legislativo de ese bloque remitió el Acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para una revisión legal, la Presidenta de la Comisión Europea anunció el 26 de febrero la disposición de la UE para iniciar la implementación temporal del tratado, que es un paso intermedio, ya que la ratificación definitiva requiere la aprobación del Parlamento Europeo. Ello implica su entrada en vigor provisional, esperando la decisión del tribunal.
El tratado entre el Mercosur y la UE establece un área de libre comercio que integrará los mercados de Europa y de los países de Sudamérica bajo un marco común de reglas, de reducción de aranceles y de apertura de oportunidades comerciales para bienes y servicios. También abarca normas que regulan los procesos de compra de los organismos gubernamentales, de las empresas del Estado y de otras instituciones públicas. Alcanza los sistemas de promoción de inversiones, los sistemas de subsidios, los derechos de propiedad intelectual, e incluso la aplicación de procesos de denominación de origen.
La entrada en vigor del instrumento, no casualmente, tiene lugar en una época caracterizada por el enfrentamiento geopolítico de fondo entre Estados Unidos y China, y un retroceso del libre comercio mundial, como el que se vivió en las últimas décadas. Éste ha sido impactado y dañado en los últimos años, lo que también ha golpeado y sacudido a Europa en la primera y (sobre todo) en la segunda presidencia de Donald Trump, por las medidas que ha impulsado.
Las dificultades para mantener y acceder a nuevos mercados donde dirigir la producción del viejo continente ha presionado a la revisión de sus políticas y estrategias comerciales y económicas, con el fin de asegurarse nuevos espacios y destinos a donde dirigir su producción industrial. Ello ha ayudado a sortear las diferencias que habían sido insalvables entre los bloques del Mercosur y la UE desde inicios de los años 90.
Actualmente estamos asistiendo a una vuelta a la época del comercio entre bloques económico-políticos, y tal vez a la aparición de un esquema de esferas de influencia de zonas y países, aún en evolución y definición.
Para la UE, concluir positivamente las negociaciones con el Mercosur supone obtener acceso preferencial a un bloque tradicionalmente protegido para su producción industrial, que representa una oportunidad para sus empresas, tanto para obtener y abastecerse de insumos, como para colocar sus productos.
La participación de la UE en el comercio exterior de Argentina ha sufrido una contracción en el último cuarto de siglo, reduciéndose las exportaciones entre 2000 y 2025 del 17% al 9,7% del total vendido por nuestro país, y las importaciones del 21,7% al 13,8% del total adquirido del resto del mundo, en el mismo período.
A pesar de ello, todavía persisten dudas en varios países miembros de la UE respecto a los beneficios del tratado comercial. El acuerdo ha provocado y sigue provocando fuertes protestas por parte de los productores agropecuarios de Francia, que sienten temor de la competencia de sus pares del Mercosur, por las diferencias de los estándares y exigencias ambientales en ambos territorios. Ellos conciben que los productores sudamericanos deben cumplir criterios menos rigurosos que los europeos, que los llevaría a obtener menores costos de producción. Este planteo es compartido también por otros grupos agrícolas de países como Bélgica, Italia, Polonia, Austria o Países Bajos.
En el Consejo Europeo, varios países se opusieron al Acuerdo (Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría) y Bélgica se abstuvo en la votación, medida que fue apoyada tanto por partidos de extrema derecha, como de extrema izquierda. Por esta razón, desde su visto bueno en el año 2019, la Comisión Europea ha ido incorporando diferentes salvaguardas para amortiguar la posibilidad de daño a la situación de los productores rurales del viejo mundo.
Los principales defensores del acuerdo en el bloque del Sur alegan que las economías del Mercosur se verán beneficiadas por un aumento de las exportaciones agroindustriales, energéticas y de minerales. La Cancillería Argentina públicamente a expresado que “el Acuerdo determina un marco estable y previsible de las reglas de juego para las empresas que invierten, generan trabajo, planifican su producción y buscan insertarse en cadenas globales de valor para aumentar su participación de mercado. Alegan que “esto creará un marco propicio para incrementar la inversión extranjera directa” y que, “el acuerdo creará grandes oportunidades comerciales para las empresas argentinas; ya que reducirán los costos de los insumos importados, aumentando su productividad y competitividad…”
Las ventajas para la Unión Europea radican en el acceso de las empresas europeas al mercado de bienes industriales y de servicios en el Mercosur, dada la diferencia en los niveles de desarrollo en los sectores de mayor valor agregado y su mayor grado de competitividad.
Como se ha comentado, además del comercio de bienes, el acuerdo entre el Mercosur y la UE también abarca al comercio de servicios, las contrataciones públicas y los derechos sobre propiedad intelectual, cuestiones que tienen que ver con la presencia y el apoyo de un Estado moderno, profesional y efectivo para intervenir y actuar en esas cuestiones y procedimientos.
En estos aspectos, la capacidad de la gestión del Estado del bloque y de los países en la Unión Europea está mucho más fortalecida y entrenada para la aplicación, regulación y aplicación de estas normativas, procedimientos y prácticas. Estas regulaciones van a implicar estándares más altos y procesos de certificación más complejos para las aduanas, puertos, aeropuertos, organismos de control, de salud y de sanidad. Buena parte del resultado de la competencia entre los dos bloques pasará en gran medida por quien disponga de los mejores sistemas de organización, gestión y control estatal. Lamentablemente, el Estado argentino se encuentra actualmente muy disminuido, debilitado y poco preparado para un desafío de esta magnitud, debido a la realidad económica y política que se está atravesando.
Tampoco se encuentra en el mejor momento el sector industrial nacional. Las políticas económicas implementadas en los últimos años en materia de ajuste del gasto del Estado, desregulación y apertura externa, sobrevaluación del tipo de cambio y aumento de los costos en dólares han provocado una caída del ingreso real de la población, una caída pronunciada del consumo y la demanda agregada, impactando fuertemente en la estructura económica, dañando a la mayor parte de los sectores económicos industriales y comerciales, y generando diariamente el cierre de empresas y la pérdida de empleos.
Con este panorama no demasiado optimista, en los próximos meses podrá evaluarse cuál es el impacto de la entrada en vigor del acuerdo, siempre que el fallo pendiente del tribunal europeo le dé vía libre a su implementación. En caso de que el mismo sea positivo, se requerirá de mucha capacidad para diseñar e implementar un plan de acción rápido, certero y viable que pueda resolver muchas de las cuestiones pendientes. Y entre otras cosas, que permita cuidar y alentar a los sectores de mayor valor agregado de la economía, que son los únicos que pueden lograr que mejore el nivel de vida de la población, que aumente la productividad y el empleo, que crezcan los salarios, que se aprovechen del mejor modo los recursos potenciales disponibles y que el país avance en un proceso de desarrollo hacia el futuro. (CampoNoticias)
