En Entre Ríos, el gobierno provincial clausuró un reciclador ilegal que acopiaba envases vacíos de fitosanitarios, multando a su titular en más de 46 millones de pesos. Durante el procedimiento, que fue posible gracias colaboración de las autoridades locales, se constató que el establecimiento infringía normativas clave, configurando riesgos ambientales y sanitarios.
Actualidad18/07/2025
Camponoticias
Aranguren, Entre Ríos, Argentina. /Luego de un proceso iniciado en 2024, el gobierno provincial de Entre Ríos clausuró un centro clandestino de acopio de envases vacíos de fitosanitarios, ubicado en la localidad de Aranguren. Además, multó a su titular con más de 46 millones de pesos y la presentación de una propuesta de remediación y/o recomposición ambiental. La sanción derivó del procedimiento sobre un establecimiento ubicado en la Ruta Nacional 12, kilómetro 375, en el que se encontraron cerca de 20.0000 kg de envases copiados ilegalmente.
De acuerdo con la Ley Nacional 27.279, los envases vacíos de fitosanitarios deben ser gestionados en el marco de un sistema integral y formal. Dicho esquema, les garantiza un destino seguro a los envases, evitando que terminen en usos peligrosos, y por ende prohibidos.
En el lugar, se constataron diversas infracciones a normativas como la Ley de Residuos Peligrosos (N.º 24.051), la Ley General del Ambiente (N.º 25.675) y la Ley de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios (N.º 27.279). Esta última prohíbe expresamente la comercialización y entrega de envases por fuera del sistema formal de gestión; el uso del material recuperado para elaborar productos que puedan implicar riesgos para la salud humana o sobre el ambiente; y la operación, acopio y transporte de los envases por fuera de los canales autorizados provincialmente.
Estas restricciones buscan proteger la salud de las personas y el ambiente frente a los riesgos concretos que conlleva la gestión ilegal: cuando los envases ingresan a circuitos informales, su plástico puede reutilizarse para fabricar productos potencialmente peligrosos, como juguetes, bolsas de arranque o cubiertos. Además, prácticas como el abandono, entierro o quema de envases —también prohibidas— pueden contaminar el suelo, las napas y los cursos de agua.
Frente a estos riesgos, la Ley 27.279 establece un camino claro para la gestión responsable de los envases vacíos: su recolección y tratamiento debe realizarse dentro del sistema formal, articulado a nivel nacional por CampoLimpio, asociación que agrupa a más de 110 empresas de la industria.
Este sistema cuenta con un despliegue territorial en todo el país, que incluye Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT), jornadas itinerantes de recepción y capacitaciones para productores.
Gracias a este circuito autorizado, los productores pueden garantizar el destino seguro de los envases, y el plástico reciclado puede reincorporarse en la industria bajo usos permitidos, como caños tritubos para fibra óptica, bidones tricapa o materiales de construcción. De este modo, se evita su dispersión en el ambiente y se promueve una economía circular real y segura.
Casos como el de Aranguren evidencian la importancia del trabajo articulado y el compromiso de las autoridades provinciales para detectar, sancionar y desarticular circuitos ilegales, al tiempo que refuerzan la necesidad de seguir fortaleciendo el sistema formal que da una solución concreta y ambientalmente segura a esta problemática. (CampoNoticias)
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