Camponoticias
La licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay entró en su tramo más determinante. Con la publicación en el Boletín Oficial, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) formalizó la precalificación de dos consorcios internacionales que competirán por una de las concesiones más estratégicas para la economía argentina.
El proceso dejó en carrera a las firmas europeas Jan De Nul-Servimagnus y DEME, mientras que la brasileña DTA Engenharia quedó fuera por no cumplir con las garantías exigidas.
Etapa decisiva
El cierre del Sobre N°1 —correspondiente a la evaluación técnica y documental— ordenó el escenario y despejó incertidumbres. No fue una instancia menor: allí se definía quiénes estaban en condiciones de avanzar hacia la compulsa económica.
Según la Resolución 21/2026, solo dos propuestas lograron atravesar ese filtro, en un proceso que había sido relanzado tras la anulación de la convocatoria anterior.
En ese marco, la exclusión de DTA Engenharia no pasó desapercibida. La firma fue declarada inadmisible por no presentar la garantía de mantenimiento de oferta en los términos previstos, un requisito clave para asegurar la seriedad de las propuestas.
La decisión, aunque técnica, reconfiguró la competencia y dejó un duelo entre dos pesos pesados del dragado y la infraestructura marítima a nivel global.
La concesión en disputa no es una obra más. Se trata del sistema logístico por donde circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales del país. La llamada Vía Navegable Troncal, que se extiende desde el kilómetro 1238 del río Paraná hasta la zona de aguas profundas del Río de la Plata, constituye la columna vertebral del comercio exterior argentino.
Su mantenimiento, modernización y ampliación impactan de forma directa en los costos logísticos y en la competitividad de la producción.
El proyecto contempla tareas de dragado, redragado, señalización y operación bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje. Se proyectan inversiones superiores a los US$10.000 millones a lo largo de 25 años, una cifra que da dimensión del interés que despierta el contrato tanto en el sector privado como en los dadores de carga, cerealeras y operadores portuarios.
