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La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) elevó una grave denuncia pública y judicial contra la actual intervención de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (OSPRERA), señalando un entramado de irregularidades financieras, abandono de tratamientos médicos esenciales y designaciones administrativas con sueldos exorbitantes.
Desde que el gobierno nacional dispuso la intervención del organismo en octubre de 2024 y designó a Marcelo Petroni como interventor, se profundizó una crisis sanitaria sin precedentes que afecta directamente a miles de afiliados en todo el país. Según la denuncia presentada por la conducción sindical que encabeza José Voytenco, el interventor habría ejecutado pagos por más de 500 millones de pesos a un laboratorio sin contrato vigente, mientras se suspendían pagos a proveedores claves, dejando sin cobertura a pacientes con cáncer, HIV y diabetes.
Pagos sin respaldo y tratamientos interrumpidos
De acuerdo al informe de UATRE, entre noviembre de 2024 y enero de 2025, se habrían concretado pagos millonarios a un laboratorio sin relación contractual, el cual ni siquiera provee medicamentos a los beneficiarios de OSPRERA. “Convirtieron la obra social en un vehículo para hacer negocios con efectores de salud”, señala el documento presentado ante la justicia.
Mientras se privilegiaban estos pagos sospechosos, se paralizaron transferencias a droguerías que continúan asistiendo a los afiliados. Como consecuencia, pacientes con enfermedades crónicas vieron interrumpidos sus tratamientos, lo que llevó a casos críticos y fallecimientos denunciados formalmente, como los de José Garavento y Marta Susana Morfil.
Contrataciones masivas y desvío de fondos
La denuncia también expone la contratación de 79 personas en cargos administrativos, con salarios que en enero de 2025 superaron los 370 millones de pesos en conjunto. Según UATRE, este gasto resulta “injustificable” en un contexto donde los trabajadores rurales sufren cortes masivos en tratamientos médicos, y el sistema de atención sanitaria muestra signos de colapso en múltiples regiones.
El gremio destacó que ya se iniciaron más de 60 causas judiciales en ciudades como La Plata, Mar del Plata y Rosario, lo que evidencia la dimensión de la crisis y el abandono que enfrentan las familias rurales.
Acusaciones contra autoridades nacionales
UATRE también responsabiliza al ministro de Salud, Mario Lugones, y al Superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, por “abuso de autoridad y administración fraudulenta”. Según consta en la presentación judicial, ambos funcionarios no habrían tomado medidas para frenar las irregularidades, incumpliendo incluso normativas oficiales como la Resolución 4912/24 y el Decreto 1045/2024, que priorizan los pagos a tratamientos en curso y prohíben cancelaciones sin auditorías previas.
Desde la organización gremial advierten que la intervención fue dispuesta en un proceso judicial “viciado de irregularidades”, y que lejos de mejorar la situación sanitaria, ha generado una crisis estructural que pone en riesgo la vida de miles de trabajadores rurales y sus familias.
Exigen la restitución del sistema y garantías para los afiliados
“Los trabajadores rurales necesitan un sistema de salud que los respete y los cuide, no un negocio con sus vidas”, afirmó el Secretario General de UATRE, José Voytenco, quien exigió que se tomen medidas inmediatas para restablecer el funcionamiento pleno y transparente de OSPRERA.
Las denuncias presentadas buscan no solo justicia para los afectados, sino también la restitución de un sistema de salud que priorice el bienestar de los trabajadores rurales. (CampoNoticias)
