La Justicia rechazó un pedido del Gobierno para intervenir el gremio de peones rurales

En este contexto, la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó el pedido de la cartera laboral, que pretendía avanzar sobre el gremio de los ruralistas después de una serie de impugnaciones al proceso electoral luego de la intervención de la obra social. Los magistrados que intervinieron fueron Carlos Pose, Gabriela Alejandra Vázquez y Manuel Diez Selva.

El gremio es conducido desde 2022 por José Voytenco. El dirigente chaqueño llegó a la secretaría general del gremio luego de las muertes de Gerónimo “Momo” Venegas -quien se diferenció del kirchnerismo y apoyó al gobierno de Mauricio Macri-, y después del fallecimiento de Ramón Ayala a causa del Covid.

En la elección de 2022, Voytenco se impuso por una ajustada diferencia a Pablo Ansaloni, actual diputado nacional de La Libertad Avanza y uno de los que propusieron impugnaciones en contra de Voytenco. Luego, fue reelecto por una amplia diferencia sobre la oposición.

Desde el gobierno de Javier Milei argumentaban que Voytenco excluyó a las autoridades a diversas seccionales. La decisión fue tomada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, a partir de una presentación que hizo el director de Asociaciones Sindicales, Claudio Aquino, quien se encarga de regular el proceso interno de los sindicatos.

El gremio mantiene un fuerte enfrentamiento con el Gobierno luego de que se interviniera su obra social.

El gremio denuncia irregularidades en la intervención del Gobierno a su obra social Osprera.
Según los gremialistas, el Gobierno le niega medicamentos esenciales a sus afiliados y afirman que hay “irregularidades graves” en el manejo de los recursos.

Según sostienen, desde que el Ejecutivo designó a Marcelo Petroni como interventor se registraron pagos millonarios a un laboratorio sin contratos vigentes, mientras se cancelan pagos a proveedores esenciales, lo cual se habría visto plasmado en las suspensiones de tratamientos indispensables.

Al respecto, afirmaron que entre noviembre de 2024 y enero de este año se ejecutaron pagos por más de $500 millones a un laboratorio que no provee medicamentos a los afiliados.

Según Uatre, estos pagos carecen de justificación y se realizaron fuera del marco legal vigente, afectando directamente el patrimonio de la obra social y la salud de sus beneficiarios. “Convirtieron a la obra social en un vehículo para hacer negocios con efectores de salud”, manifestó la denuncia . (CampoNoticias)